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Lima, 30 de enero de 2013
Señor LUIS PEIRANO FALCONÍ
Ministro de Cultura
Señor CARLOS PAREDES RODRÍGUEZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones
A espaldas del aeropuerto internacional Jorge Chávez


Cosecha. Muchos productos, como el tomate, crecen en estos campos de cultivo. (Foto: Marco del Río)
(1) Fundo San Agustín, los campesinos perderán tierras, pero les pagarán a ex terratenientes (2) Giovanna Avila, dirigenta de "El Ayllu". (3) Juanita Barrantes de 95 años es la profesora que vive en lo que fue la casa hacienda.
Los que parten la torta
El primer gran vendedor contemporáneo de terrenos en la llamada margen derecha del río Rímac con fines de aeropuerto, fue la familia Prado, a fines de los años 50, precisamente cuando su más notorio integrante ejercía la presidencia de la República. No están disponibles datos del negocio, pero en esa época Estado y empresas del presidente eran casi la misma cosa. El hecho es que una inmensa área fue transferida a CORPAC.
En la lista de los que quedaban en esta condición estaban los titulares del fundo San Agustín, representados por Francisco Palacios Moreyra, que se hiciera políticamente famoso cuando pagó la compra del video Kouri-Montesinos, para Fernando Olivera. Otros socios todavía vivos son: Rosa Chopitea Miro Quesada de Tudela (madre del ex ministro de Toledo, Alejandro Tudela Ch.), José Ramirez Gastón Roe (abogado del estudio Echecopar, que representa a los ex propietarios), Juan Miranda Costa (abogado y socio del hermano de Jorge Avendaño, autor del proyecto de decreto de urgencia). Uno ve esta relación y piensa por qué en el Perú no hay títulos de nobleza, si hay personas que actúan como si los tuvieran.
Todos estos señores y señoras fueron expropiados una vez con la reforma agraria de 1969. Y desde entonces su proyección fue conseguir el mayor pago como compensación por la propiedad perdida, no volver a poner dinero en la actividad agrícola. Por eso cuando se dictó la ley 27329, el 27 de julio del 2000, muchos pensaron que ahí estaba la mano de los ex terratenientes, ya que volvía a discutirse de títulos "válidos" sobre terrenos que tenían un solo dueño, que era el que estaba legalmente sobre la tierra, y con el que había que negociar un precio justo.
Pero no. Todo lo que ha ocurrido desde el 2000, ha sido un juego leguleyo de los estudios de abogados que sirven a los ex propietarios para poner en cuestión los títulos de los ex campesinos, desconociendo las atribuciones de la Oficina de Registros Públicos y del Ministerio de Agricultura para la determinación de los derechos de los campesinos, y de la que sin duda forma parte el proyecto de decreto de urgencia del Dr. Avendaño. "A éstos no les interesa ni la agricultura, ni la aviación, sino engordar sus enormes bolsillos", comenta un investigador del tema.
El Ayllu
No son sólo campesinos los que saldrán de las tierras adyacentes al aeropuerto. Hay también otro grupo de familias cuyas viviendas están sobre la tierra que será expropiada y que los ex terratenientes reclaman como propia. "No nos extraña lo que pretenden hacer con nosotros, porque el Estado siempre ha favorecido a los poderosos y nunca nos ha atendido. Con nuestro esfuerzo hemos realizado muchas mejoras. Sin embargo quieren ignorarnos en todo este proceso, a pesar de la cantidad de años que vivimos acá",�dice Giovanna Avila, secretaria general del Asentamiento Humano "El Aylluâ".
"Somos 400 familias que pedimos una indemnización por el tiempo que estamos aquí y porque vamos a quedar sin vivienda. Es injusto que a los ex dueños les pretendan pagar una millonada. Deben tener en cuenta que esta es nuestra vivienda y nuestro centro de trabajo porque muchos somos agricultores", precisa la dirigente.
La dirigencia de Ayllu ha tenido tres audiencias en el ministerio de Transportes con el Dr. Celso Gamarra, presidente de la comisión de alto nivel encargada de ejecutar el proceso de expropiación de los terrenos adyacentes al aeropuerto. "Somos pacíficos pero no pasivos, no aceptaremos un desalojo sin indemnización razonable",�acota Avila.