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30 de junio de 2010

Agricultores piden reubicación para dar paso al aeropuerto

FUENTE: LA PRIMERA/ CALLAO 16 DE ABRIL DE 2010




Miles de vecinos del Aeropuerto Jorge Chávez viven en medio del desconcierto, por que el ministro de transportes Enrique Cornejo está a punto de entregar sus terrenos a la empresa concesionaria Lima Airport Partners para la construcción de la segunda pista de aterrizaje, pero no les han dicho donde los reubicarán.

La agricultura forma parte de la vida diaria de miles de habitantes del AA.HH. El Ayllu, gran cantidad de la población se gana la vida trabajando en el campo en el que cultivan toda clase de tubérculos en las miles de hectáreas que conforma el fundo San Agustín, que prácticamente es el único pulmón de la región.

Pero actualmente los habitantes atraviesan por una problemática que los mantiene en una incertidumbre indescriptible, sus terrenos serán expropiados. Los habitantes del Ayllu y de los AA.HH. aledaños deben salir de esas tierras para darle paso a la construcción y ampliación de la segunda pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Ésta es una realidad, cuando el país crece la infraestructura también, todo esto en vías del desarrollo de nuestra ciudad. La población del Ayllu habita en la zona hace más de 100 años, las familias han visto crecer a sus hijos, nietos, bisnietos, ellos han ido de generación en generación. Cabe mencionar que los pobladores viven en la zona mucho antes de que el aeropuerto se construya.

En la actualidad el Ayllu está habitado por más de 1700 personas que se encuentran a la espera de la decisión que tome el Estado. Por otra parte, el secretario general del asentamiento humano. indicó que tuvieron conversaciones con el Ministerio de Transporte y estos les manifestaron que serían reubicados en los terrenos que Corpac les ha cedido en la zona de Santa Rosa, donde todos los habitantes del Fundo San Agustín, esperan ubicarse de una vez por todas pero aún no se hace efectiva dicha promesa. “Nadie nos dice concreta y oficialmente donde seremos reubicados, no hay un documento que constate la promesa que nos hizo el Ministerio de Transportes hace un tiempo, mientras tanto estamos al compás de la espera de nuestra colocación, pasan años y nada se concreta y hasta el momento seguimos con la misma incertidumbre, no sabemos que pasará con nosotros” indicó, José Yataco Rivasplata, secretario general del AA.HH. El Ayllu.

Ellos en la actualidad cuentan con un centro educativo, una pequeña capilla que ellos mismos se han encargado de construir y una Posta Médica que no cuenta con los implementos necesarios, sin embargo, esto no les preocupa tanto como la expropiación de los terrenos y se encuentran a la espera que el estado les indique dónde, cuándo y cuáles serán las condiciones en las que serán reubicados.

“Queremos que la autoridad nos aclare qué es lo que se están negociando, nosotros no podemos tener ningún tipo de mejora, qué pasará con las personas que dejarán el campo. El gobierno nos debe escuchar, ellos saben que el pueblo es primero, queremos una mejora en la calidad de vida, hay mucho dinero en juego, pero no todo es dinero sino también la vida de las personas” indicó María Barrios.

Cabe recalcar que los habitantes de El Ayllu, no cuenta con agua ni desagüe todo esto debido a que las autoridades regionales les indican que no pueden iniciar ningún tipo de construcción por el problema de expropiación y reubicación de los pobladores, mientras tanto todos los habitantes tienen que comprar el agua que distribuye la cisterna de manera interdiaria, pero no solo este lugar atraviesa por el mismo problema, también los AA.HH. Daniel Alcides Carrión y Barrio Andino están a la espera de su reubicación.

Por otro lado los pobladores japoneses que habitan el lugar, luego de la reforma agraria, perdieron un proceso judicial con los representantes del Fundo San Agustín, quienes deberán recibir cien millones de dólares por parte del Estado como un justo precio por los terrenos donde se construirá la segunda pista del Jorge Chávez.

Los campesinos se defienden





FUENTE: La Revista Agraria Nº 20 - Lima-Perú, octubre 2000
Ante la proliferación de procesos judiciales iniciados por los ex-hacendados para que se les restituyan las tierras afectadas por la reforma agraria, los agricultores beneficiarios de ese proceso están exigiendo se dé cumplimiento a la legislación que garantiza sus derechos adquiridos. El Frente de Defensa que los agrupa tiene ahora como principales protagonistas a las 42 familias de parceleros de la Asociación El Progreso de Barranca y los 172 agricultores de los ex-fundos La Taboada, San Agustín y Bocanegra del Callao.

En el caso de los parceleros de Barranca, (ver LRA No. 16) ya existe un fallo de la Sala Social y Constitucional de la Corte Suprema que ordena la devolución de tierras al ex-propietario Alfonso Poblete. La sentencia se encuentra, por ahora, en suspenso debido a que el Procurador a cargo de los asuntos del Ministerio de Agricultura ha interpuesto una acción de nulidad en vista de que los jueces omitieron citarlo conforme a Ley.

En similar situación se encuentran los agricultores del Callao ante los juicios iniciados desde 1996 por la Sociedad Agrícola San Agustín, representada por las familias Palacio Chopitea, Ramirez Gastón, Tudela Garland y Prado, entre otras, para que se anulen los asientos registrales a nombre de los actuales poseedores de las tierras que expropió la reforma agraria hace más de veinte años. En gran parte, estos poseedores, son descendientes de los migrantes japoneses que llegaron hace 70 años y trabajaron esas mismas tierras como yanaconas de las haciendas. Todos poseen títulos de propiedad otorgados por el Estado e inscritos en Registros Públicos.

Sin embargo, existiendo leyes que ordenan respetar ese derecho adquirido por los adjudicatarios de la reforma agraria y establecen que los ex-propietarios sólo pueden reclamar al Estado por el pago indemnizatorio, los jueces se vienen pronunciando a favor de estos últimos con fallos que no sólo ordenan anular el registro a nombre de los agricultores sino también sus títulos de propiedad.

Existe, además, el agravante de que estas tierras forman parte del área que será expropiada para la ampliación del aeropuerto internacional “Jorge Chávez”. La licitación de las obras ha sido programada para este noviembre pero a los agricultores no se les ha informado cuándo y cómo serán indemnizados por las tierras que hasta la fecha siguen trabajando. Temen, por eso, que al amparo de las sentencias judiciales que se vienen dictando, quienes se beneficien de ese pago sean los ex-hacendados.

Ante esta incertidumbre el Frente de Defensa, que agrupa a los agricultores de Barranca y el Callao, ha presentado un Proyecto de Ley al Congreso para que se respeten sus derechos, habiendo recibido el respaldo de parlamentarios de distintas bancadas. Pero cabe reiterar que ya existen hasta tres normas vigentes: el Decreto Ley 22747 y las Leyes 26207 y 26597 garantizando ese derecho. Un mandato que la ceguera de los jueces que actúan en estos casos se niegan a observar.