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15 de febrero de 2010

POBLADORES DE El AYLLU PIDEN EDUCACION Y SALUD

Publicado en La Primera Callao, el 22 de enero de 2010


Los más de 500 pobladores del AA. HH. El Ayllu conformantes de la ex hacienda San Agustin, no sólo tiene que afrontar planes de reubicación arbitraria que el estado tiene para ellos, sino que solicitan apoyo y una pronta solución para sus problemas de salud y educación.

El desafío que afrontan constantemente los pobladores del asentamiento humano El Ayllu no es ajeno a cualquier realidad, basta con ingresar a este espacio para darse cuenta de las condiciones deplorables en la que vive la gente. El Ayllu carece de la atención de las autoridades. El nido casi convive con un centro de tratamiento de tuberculosis y la escuela necesita mayor infraestructura. Informó el secretario general José Yataco en diálogo con LA PRIMERA CALLAO.

"No es posible que la posta médica del sector esté bajo el mando de personal no médico, aunque se trate de un servicio de atención de primeros auxilios se debe contar con personal especializado, que hayan medicamentos adecuados, solicitamos también mejoras en infraestuctura para el centro educativo Sarita Colonia que alberga a más de 80 alumnos de la zona" manifestó José Yataco.

Los más de siete asentamientos humanos que bordean la zona se verán afectados debido a que al costado de la posta médica y a escasos metros de la casa de estudios existe un programa de tratamientos para enfermos de TBC, el hecho constituye un alto riesgo, los vecinos temen que los ñinños adquieran la enfermedad.

El desalojo

Por otro lado el tema de desalojo y reubicación para la ampliación y remodelación del aeropuerto internacional Jorge Chávez tiene años y a la fecha, los pobladores no han recibido noticias por lo que se encuentran solicitando un diálogo con las autoridades para ejecutar palanes y buscar alternativas.

"Nosotros no estamos en contra de la amplicación de la segunda pista de aterrizaje del aeropuerto, ocurre que un artículo de la Ley de Expropiaciones impide al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que tome nuestros terrenos. Representantes del Ministerio han planteado la modificación de la ley para retirarnos sin garantizar a donde vamos a ir, el tema está en la comisión de Vivienda del Congreso, nosotros invocamos a los miembros de esa comisión que no aprueben la modificción del MTC" recalcó el secretario general.

5 de diciembre de 2009

LAP QUIERE SILENCIAR PERIODISTAS

Publicado en el Diario La Primera noviembre de 2009

Raúl Wiener
Unidad de Investigación


(1) LAP no quiere que Wiener escriba sobre los problemas del aeropuerto Jorge Chávez
(2) El libro que LAP quería obligar a retirar del mercado

Desde octubre del 2005, Lima Airport Partners (LAP) ha venido impulsando en secreto, una acción para lograr que se retire de circulación un libro del periodista Raúl Wiener, sobre la concesión del aeropuerto. La pretensión llega a límites insólitos porque exige no sólo decomisar los que están en el mercado sino prohibirle al demandado volver a escribir y publicar sobre el tema. El poder judicial ya resolvió la improcedencia de este recurso que ahora se encuentra en el TC. Mientras tanto LAP ordena a sus gerentes de seguridad demandar nuevamente a Wiener y a nuestro director César Lévano.

El Tribunal Constitucional deberá votar en los próximos días una demanda de amparo planteada por la administradora del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, Lima Airport Partners, contra el periodista Raúl Wiener, la cual plantea textualmente:

1. “Que se ordene la paralización definitiva de la distribución, difusión o circulación gratuita de la información gratuita u onerosa de la información total o parcialmente contenida en el libro titulado “Un fraude en tres letras: LAP”;

2. Que se ordene la recolección y retiro de las ediciones del libro titulado “Un fraude en tres letras: LAP”, que se encuentran ya en el mercado;

3. Que se ordene al autor del libro “Un fraude en tres letras: LAP” se abstenga de reimprimir, reeditar el mismo o reproducir su contenido total o parcialmente, en una obra bajo el mismo título o bajo cualquier otro título;

4. Que se ordene al demandado proceda a rectificar a su costo y cuenta a través de una obra de similares proporciones e igual tiraje, todas aquellas afirmaciones que se han emitido de manera temeraria, y que no han respetado el principio de veracidad que limita el derecho de informar;

5. Finalmente solicitamos que, de conformidad, con el segundo párrafo del artículo 1 del Código Procesal Constitucional, el Juez ordene al emplazado no volver a incurrir en las acciones u omisiones que motivaron la presente demanda, aún en el supuesto en que luego de interpuesta ésta, cesara la agresión a nuestros derechos constitucionales, o si es que dicha agresión deviniera en irreparable”.

Esta acción de amparo fue presentada ante el Juzgado Civil de Lima, el 13 de octubre de 2005, por el estudio Benites, De Las Casas, Forno & Ugaz, del que forman parte los ex procuradores anticorrupción José Ugaz Sánchez Moreno y Luis Vargas Valdivia, y ha atravesado por diversas instancias, sin que en ningún momento el demandado conociera de la existencia de este proceso. Aún hoy, el TC arguye que, estando próximo a votar el curioso amparo, ya no es posible notificar a la otra parte, que deberá esperar el fallo.

De cualquier modo lo que se ha podido saber es que el caso llegó hasta la última instancia de revisión, porque fue rechazado en un primer fallo por el 54º Juzgado Civil, el 25 de noviembre de 2005, el cual señala: “si la demandante se siente agraviada… debe hacer valer su derecho en la vía judicial respectiva, teniendo en cuenta que la acción de amparo es una vía extraordinaria, por estas consideraciones… se declara improcedente la demanda”. Un año después, la Sexta Sala Civil, actuando en segunda y definitiva instancia del Poder Judicial, establece: “…el acto lesivo debe ser manifiestamente ilegítimo, no susceptible de un amplio debate; en el caso sub análisis, su tramitación se halla proscrita a probanza de los hechos complejos que por su propia naturaleza sólo puede ser merituados en los procesos ordinarios… Por estos fundamentos confirma la sentencia”

Es decir que LAP y su batería de abogados, perdieron en las dos canchas judiciales, peleando solos, sin respuesta de la otra parte y recibieron una lección de regla jurídica: en el supuesto que hubiera una difamación uno no se dirige contra la publicación (censura, retiro del libro, prohibición de escribir), sino contra el hipotético difamador. Y que un juez no puede “amparar” la pretensión de LAP, como si su palabra fuera suficiente prueba de estar siendo víctima de algún tipo de daño por parte del periodista, cuando las opiniones son libres y la veracidad o no de las informaciones debe demostrarse, sin que haya cautela judicial que pueda ejercerse para que no se diga o publique algo. Por tanto no cabe “volver las cosas al estado anterior”, como postulan los recursos de protección constitucional, porque eso equivaldría a regresar al momento en que nada se había investigado y escrito, lo que es absolutamente imposible porque las denuncias ya han sido planteadas y sólo cabe aceptarlas o refutarlas, y no prohibir su circulación. .

El Tribunal Constitucional probablemente confirmará lo resuelto por la justicia, con lo cual LAP y sus abogados habrán perdido una batalla legal que desarrollaron totalmente solos. Pero eso no debe hacer perder de vista lo que realmente han estado buscando: “paralización definitiva” de la circulación de un libro que hace críticas al proceso de privatización; “recolección”, debería decir decomiso, de los que están en el mercado; prohibición de reimpresión y de escritura de una nuevo libro con otro nombre”; editar un libro de rectificación y emplazamiento para que el demandado no siga su investigación y no vuelva a opinar sobre la concesión.

Ciertamente, si el libro “Un fraude en tres letras: LAP” hubiese afectado tanto a la empresa concesionaria, como para creer que se puede justificar trasgresiones legales tan brutales como las señaladas, la pregunta inmediata es ¿por qué entonces los afectados y sus abogados no han respondido jamás en público a las acusaciones que les han hecho los periodistas Raúl Wiener y Herbert Mujica, a los que tratan de empapelar? En una demanda ante el Consejo Nacional de la Prensa contra Wiener, la empresa LAP ha presentado un legajo de más de mil páginas, con una fundamentación de casi cien folios, ¿por qué no hace de conocimiento público estos argumentos para que el país no le crea a sus malévolos críticos?, ¿por qué la demanda de amparo se llevó en estricto secreto?

Hay una sola razón. LAP no quiere que se discuta el problema del aeropuerto, los beneficios y perjuicios que el país recibió de la concesión, las irregularidades e ilegalidades de la licitación; del cambio constante de composición de los accionistas de la administradora, que no son ni de lejos los que ganaron el derecho de concesión; de los abusos tarifarios; el retraso de la construcción de la segunda pista del aeropuerto; los engaños a los campesinos de Bocanegra, San Agustín y Taboada, para despojarlos de sus tierras sin justiprecio; los abusos contra los exhibidores nacionales que tenían contratos previos a la concesión; los relajamientos de seguridad que han contribuido al aumento del tráfico de drogas; etc.

Quieren hacer creer que su problema son dos periodistas que seguramente les tienen bronca por ser administradores exitosos. Obviamente, si el caso se abre, habrá varias decenas de personas e instituciones dispuestas a decir su palabra sobre la presencia de LAP en el Perú. Pero, sea como sea, no van a conseguir silenciar a la prensa independiente que no está metida en un combate personal o en la defensa de intereses particulares. Esa es nuestra fortaleza, que algunos gerentes y abogados rentados no pueden entender.

Ahora contra César Lévano

Una nueva demanda judicial, esta vez dirigida contra el Grupo Editorial Arena, dueño del diario LA PRIMERA, el director César Lévano La Rosa y el jefe de la Unidad de investigación, Raúl Wiener, habría sido planteada por LAP ante el 57º Juzgado de Lima -el mismo que falló con pena suspendida contra el periodista Mujica-, a través de sus gerentes de seguridad, mencionados en una nota periodística en relación a una investigación sobre salida de droga por el aeropuerto, publicada por nuestro diario.

La empresa concesionaria no ha querido dar la cara en este caso, pero es evidente su intención, ya que las menciones a los señores Kirch y Vargas, el primero con proceso penal abierto por un caso de droga interceptada en el aeropuerto y mencionado en la acusación fiscal a partir de declaraciones de uno de los acusados (asuntos que no lo inventó LA PRIMERA), y el segundo dado de baja de la Marina por falta disciplinariaw, estando destacado en la zona de emergencia, carecen de cualquier ánimo respecto a sus personas, y son mencionados exclusivamente como evidencias de la mala selección de personal y errores de procedimientos de la empresa concesionaria.

La demanda pretende decir que Kirch no ha sido sentenciado, pero este diario nunca ha dicho que lo haya sido. Tanto es así que está libre y su empresa lo ha recolocado. Vargas, a su vez, trata de usar el secreto militar para que no se conozca porqué fue dado de baja en medio del cumplimiento de una misión en área crítica. Pero lo que es indudable es que alguien con antecedentes de mala conducta en una institución militar, no debería ser contratado para la seguridad del primer aeropuerto, retirado sin motivo por rumores sobre su caso, y ahora vuelto a poner el cargo en reemplazo de Kirch. Si estos angelitos se creen difamados, qué se les va a hacer…

Un libro ante RPP

“Incluso, debemos señalar, que el libro se hizo llegar a los conductores del programa “Ampliación de Noticias” que se Transmite por Radio Programas del Perú, quienes dieron cuenta de las “denuncias” formuladas por el señor Raúl A. Wiener, en la edición del día 2 de noviembre de 2005 con lo cual, es obvio que no sólo quienes tienen o tuvieron acceso directo a la publicación pueden ver tergiversada la imagen de LAP, sino que las falsas acusaciones del señor Wiener se han visto propaladas a través de un medio de comunicación de influencia masiva” (Acción Amparo de LAP, octubre del 2005)

Es obvio que si se lanza una denuncia pública es para que la conozca la gente con la mayor amplitud posible. Y es también evidente que el recurso de editar un libro para tratar el tema tiene mucho que ver con la falta de eco en los medios masivos de la época a la serie de revelaciones que sobre la concesión del Jorge Chávez fueron saliendo a luz desde el año 2000. En general lo que se ha visto es una conjura de silencio para tapar la corrupción que marca muchos de los procesos de privatización, con esporádicas excepciones: el diario “Liberación” de César Hildebrandt entre fines del 90 y comienzos de los 2000; el diario “Dignidad” en el 2002; y actualmente el diario LA PRIMERA.

Precisamente RPP tuvo el libro “Un fraude en tres letras: LAP” y nunca invitó al autor para “ampliar la noticia”. Recurrió a los denunciados, es decir los ejecutivos de LAP. Más o menos como sucedió con la Comisión Investigadora del caso LAP del Congreso, creada a raíz de las denuncias del diario “Dignidad” y que nunca llamó a su director Herbert Mujica ni al editor Raúl Wiener, para fundamentar lo que venían diciendo y se limitó a escuchar la versión de la empresa y del gobierno. Es increíble de todas maneras que una empresa de la magnitud de la administradora del aeropuerto llore ante los jueces la pena de que la estén denunciando, y no pueda explicar por qué hay gente que le cree a Wiener o a Mujica, si ellos hacen las cosas tan bien y tienen tantos argumentos para defenderse. ¿O no es así?

30 de marzo de 2009

Vuelve aristocracia, se van productores agrarios (Publicado en el Diario La Primera el 29 de agosto de 2007)



Decreto de Urgencia que prepara el Estudio Avendaño es rechazado por los agricultores de ex fundos adyacentes al Aeropuerto

Vuelve aristocracia, se van productores agrarios


Empiezan a conocerse los nombres de los beneficiarios de falsa expropiación de viejos documentos que costará US 500 millones.

Eduardo Higa Tamashiro ha sumado 84 años de edad y desde los siete participa de las faenas agrícolas sobre los terrenos del antiguo fundo San Agustí­n en el Callao. Sus padres llegaron como yanaconas, sistema por el cual se alquilaban tierras a las haciendas y se cancelaba el arriendo mediante la entrega de parte de la producción, en este caso con algodón. Don Eduardo continuó ligado a la tierra hasta que llegó la reforma agraria que lo convirtió en parcelero. El patrón ya no comerá más de la pobreza campesina, dijo el gobierno y todos creyeron.

"Somos 700 familias, de las cuales 36 somos nikei (descendientes peruanos de familias japonesas, después de la segunda generación)", explica Hilda Kiyan, "pero hay también hay andinos, negros y criollos. Es una mixtura de razas"�.

"Ciertamente aquí­ se juntaron inmigrantes japoneses que eran jalados por sus parientes y amigos, que ya estaban instalados", apunta Alejandro Higa, nieto de Eduardo Higa.

Ahora los jóvenes Kiyan e Higa están viviendo bajo la amenaza de un singular regreso de los hacendados para los que trabajaron sus ancestros, que no se producirá sobre los terrenos donde hoy se cultivan papa, hortalizas y flores ornamentales, sino arrebatándoles los derechos de indemnización, ante la proyectada expropiación para la construcción de la segunda pista del aeropuerto Jorge Chávez.

La llamada área adyacente al aeropuerto son 690 hectáreas que corresponden a tres viejos fundos: San Agustín, Bocanegra y La Taboada. Son productores agrarios que ocupan uno de los últimos bastiones verdes del primer puerto peruano. Para ellos la mejor opción seguramente sería seguir trabajando la tierra como toda la vida. Pero si es inevitable que deban retirarse lo mínimo que esperan es ser compensados correctamente.

(1) Fundo San Agustí­n, los campesinos perder­án tierras, pero les pagarán a ex terratenientes (2) Giovanna Avila, dirigenta de "El Ayllu". (3) Juanita Barrantes de 95 años es la profesora que vive en lo que fue la casa hacienda.


Los que parten la torta

El primer gran vendedor contemporáneo de terrenos en la llamada margen derecha del rí­o Rí­mac con fines de aeropuerto, fue la familia Prado, a fines de los años 50, precisamente cuando su más notorio integrante ejercí­a la presidencia de la República. No están disponibles datos del negocio, pero en esa época Estado y empresas del presidente eran casi la misma cosa. El hecho es que una inmensa área fue transferida a CORPAC.

En la lista de los que quedaban en esta condición estaban los titulares del fundo San Agustí­n, representados por Francisco Palacios Moreyra, que se hiciera políticamente famoso cuando pagó la compra del video Kouri-Montesinos, para Fernando Olivera. Otros socios todaví­a vivos son: Rosa Chopitea Miro Quesada de Tudela (madre del ex ministro de Toledo, Alejandro Tudela Ch.), José Rami­rez Gastón Roe (abogado del estudio Echecopar, que representa a los ex propietarios), Juan Miranda Costa (abogado y socio del hermano de Jorge Avendaño, autor del proyecto de decreto de urgencia). Uno ve esta relación y piensa por qué en el Perú no hay tí­tulos de nobleza, si hay personas que actúan como si los tuvieran.

Todos estos señores y señoras fueron expropiados una vez con la reforma agraria de 1969. Y desde entonces su proyección fue conseguir el mayor pago como compensación por la propiedad perdida, no volver a poner dinero en la actividad agrícola. Por eso cuando se dictó la ley 27329, el 27 de julio del 2000, muchos pensaron que ahí­ estaba la mano de los ex terratenientes, ya que volvía a discutirse de tí­tulos "válidos" sobre terrenos que tení­an un solo dueño, que era el que estaba legalmente sobre la tierra, y con el que habí­a que negociar un precio justo.

Pero no. Todo lo que ha ocurrido desde el 2000, ha sido un juego leguleyo de los estudios de abogados que sirven a los ex propietarios para poner en cuestión los tí­tulos de los ex campesinos, desconociendo las atribuciones de la Oficina de Registros Públicos y del Ministerio de Agricultura para la determinación de los derechos de los campesinos, y de la que sin duda forma parte el proyecto de decreto de urgencia del Dr. Avendaño. "A éstos no les interesa ni la agricultura, ni la aviación, sino engordar sus enormes bolsillos", comenta un investigador del tema.

El Ayllu

No son sólo campesinos los que saldr­án de las tierras adyacentes al aeropuerto. Hay también otro grupo de familias cuyas viviendas están sobre la tierra que será expropiada y que los ex terratenientes reclaman como propia. "No nos extraña lo que pretenden hacer con nosotros, porque el Estado siempre ha favorecido a los poderosos y nunca nos ha atendido. Con nuestro esfuerzo hemos realizado muchas mejoras. Sin embargo quieren ignorarnos en todo este proceso, a pesar de la cantidad de años que vivimos acá",�dice Giovanna Avila, secretaria general del Asentamiento Humano "El Aylluâ".

"Somos 400 familias que pedimos una indemnización por el tiempo que estamos aquí­ y porque vamos a quedar sin vivienda. Es injusto que a los ex dueños les pretendan pagar una millonada. Deben tener en cuenta que esta es nuestra vivienda y nuestro centro de trabajo porque muchos somos agricultores", precisa la dirigente.

La dirigencia de Ayllu ha tenido tres audiencias en el ministerio de Transportes con el Dr. Celso Gamarra, presidente de la comisión de alto nivel encargada de ejecutar el proceso de expropiación de los terrenos adyacentes al aeropuerto. "Somos pacíficos pero no pasivos, no aceptaremos un desalojo sin indemnización razonable",�acota Avila.



DATO:

La maestra Juanita Llegó al Callao en 1941 para trabajar como profesora y son innumerables las generaciones que han escuchado sus clases y han recibido sus regalos. Todaví­a recuerda a Javier Prado, ex dueño y señor de las tierras donde centenares de campesinos producían algodón ante la mirada de duros capataces. Hoy Juanita Barrantes lleva a cuestas 95 años y sigue en la zona en que empezó su rol de maestra y que ahora es territorio de desconcierto para mucha gente: "me dan mucha pena los campesinos que tantos años han trabajado la tierra, pobres, les pido a Dios que los proteja, todo se lo dejo a él".

LA CIFRA:

4 millones 960 mil nuevos soles han sido destinados como crédito suplementario para 2007, para los pagos que corresponden a la adquisición de terrenos con fines de ampliación del Aeropuerto. 200 kilos diarios de verduras salen de los terrenos a expropiar adyacentes al Jorge Chávez, que se distribuyen en mercados de Lima y Callao.


- Raúl Wiener
- Denis Merino

Unidad de Investigación