Los campesinos se defienden

FUENTE: La Revista Agraria Nº 20 - Lima-Perú, octubre 2000
Ante la proliferación de procesos judiciales iniciados por los ex-hacendados para que se les restituyan las tierras afectadas por la reforma agraria, los agricultores beneficiarios de ese proceso están exigiendo se dé cumplimiento a la legislación que garantiza sus derechos adquiridos. El Frente de Defensa que los agrupa tiene ahora como principales protagonistas a las 42 familias de parceleros de la Asociación El Progreso de Barranca y los 172 agricultores de los ex-fundos La Taboada, San Agustín y Bocanegra del Callao.

En el caso de los parceleros de Barranca, (ver LRA No. 16) ya existe un fallo de la Sala Social y Constitucional de la Corte Suprema que ordena la devolución de tierras al ex-propietario Alfonso Poblete. La sentencia se encuentra, por ahora, en suspenso debido a que el Procurador a cargo de los asuntos del Ministerio de Agricultura ha interpuesto una acción de nulidad en vista de que los jueces omitieron citarlo conforme a Ley.

En similar situación se encuentran los agricultores del Callao ante los juicios iniciados desde 1996 por la Sociedad Agrícola San Agustín, representada por las familias Palacio Chopitea, Ramirez Gastón, Tudela Garland y Prado, entre otras, para que se anulen los asientos registrales a nombre de los actuales poseedores de las tierras que expropió la reforma agraria hace más de veinte años. En gran parte, estos poseedores, son descendientes de los migrantes japoneses que llegaron hace 70 años y trabajaron esas mismas tierras como yanaconas de las haciendas. Todos poseen títulos de propiedad otorgados por el Estado e inscritos en Registros Públicos.

Sin embargo, existiendo leyes que ordenan respetar ese derecho adquirido por los adjudicatarios de la reforma agraria y establecen que los ex-propietarios sólo pueden reclamar al Estado por el pago indemnizatorio, los jueces se vienen pronunciando a favor de estos últimos con fallos que no sólo ordenan anular el registro a nombre de los agricultores sino también sus títulos de propiedad.

Existe, además, el agravante de que estas tierras forman parte del área que será expropiada para la ampliación del aeropuerto internacional “Jorge Chávez”. La licitación de las obras ha sido programada para este noviembre pero a los agricultores no se les ha informado cuándo y cómo serán indemnizados por las tierras que hasta la fecha siguen trabajando. Temen, por eso, que al amparo de las sentencias judiciales que se vienen dictando, quienes se beneficien de ese pago sean los ex-hacendados.

Ante esta incertidumbre el Frente de Defensa, que agrupa a los agricultores de Barranca y el Callao, ha presentado un Proyecto de Ley al Congreso para que se respeten sus derechos, habiendo recibido el respaldo de parlamentarios de distintas bancadas. Pero cabe reiterar que ya existen hasta tres normas vigentes: el Decreto Ley 22747 y las Leyes 26207 y 26597 garantizando ese derecho. Un mandato que la ceguera de los jueces que actúan en estos casos se niegan a observar.