Gobierno de su papá firmó contrato de concesión con LAP que incluyó la compra de tierras
Unidad de Investigación
Desde hace más de una década, la Sociedad Agrícola San Agustín litigó contra el Estado, para que se anulen los asientos registrales de los terrenos periféricos al aeropuerto "Jorge Chávez", que figuraban a nombre de un grupo de beneficiados de la reforma agraria y descendientes de migrantes japoneses que llegaron hace 70 años al país y que trabajaron esas mismas tierras como yanaconas.
Pues bien, según el experto en adquisiciones y contrataciones del Estado, Alex Starost, la batalla no solo la ganó en el Poder Judicial sino que ahora hará un jugoso negocio con el mismo Estado, pues el gobierno acaba de disponer una partida de 26.65 millones de dólares para comprar esos mismos terrenos en conflicto, a fin de entregárselos a Lima Airport Partners (LAP), la administradora del terminal aéreo, para que construya una segunda pista, establecida en el contrato de concesión que ganó el 15 de noviembre del 2000.
Pero sabe usted, amigo lector, ¿quiénes son los dueños de la agrícola San Agustín y en qué gobierno se firmó el contrato de concesión con LAP y que obliga al Estado a comprar las tierras periféricas para ampliar el aeropuerto? En las siguientes líneas la historia de este caso que debería investigar la Comisión de Fiscalización del Congreso, como lo fundamenta en la parte final de esta entrega Alex Starost, quien sostiene que no debió firmarse en ese momento el contrato de concesión en tanto no se haya hecho el saneamiento físico legal de los
terrenos adyacentes al aeropuerto "Jorge Chávez" (ver recuadro).
La ficha y la campaña
Según la partida electrónica 03024775, inscrita en el registro de personas jurídicas de la Sunarp, los dueños de la agrícola San Agustín son Juan Miranda Costa, José Miguel Ramírez Gastón Roe, Alejandro Tudela Garland, Alfredo Benavides Chopitea, Gustavo Chopitea Barreda y Valentín Paniagua Jara, el hijo del ex presidente Valentín Paniagua y socio principal del estudio jurídico Echecopar.
El título fue presentado el 10 de octubre del 2000, tras la elevación de las escrituras públicas realizadas el 18 de agosto y 25 de septiembre del 2000, ante el notario Manuel Noya de la Piedra.
Por esa misma fecha, la Revista Agraria en su edición Nº 20, denunció que los jueces venían pronunciándose a favor de los ex propietarios de los terrenos aledaños al aeropuerto chalaco, con fallos que no sólo ordenaban anular el registro a nombre de los agricultores sino también sus títulos de propiedad, y que ante este escándalo, el Frente de Defensa, que agrupa a los agricultores de Barranca y el Callao, presentó un proyecto de ley al Congreso para que respeten los derechos de los agricultores. Sin embargo, nadie les hizo caso.
Denuncias similares realizó la Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego del Perú, acusando incluso a la Sociedad Agrícola San Agustín y al estudio Echecopar –del que forma parte Valentín Paniagua Jr.– de desarrollar un millonario lobby para cuestionar las transferencias de propiedad efectuadas por el Ministerio de Agricultura a los agricultores cercanos al aeropuerto 'Jorge Chávez".
En total son 71 los procesos de representación iniciados por San Agustín contra el Estado para obligar a una valorización mayor de las tierras y de esto se jacta el estudio Echecopar en su página web al señalar en la sección Construcción y Urbanismo lo siguiente:
Recuperación y reivindicación de las tierras del fundo agrícola San Agustín (colindante con el aeropuerto internacional Jorge Chávez).
Igualmente, sin indicar que su empresa litigaba con el Estado por esos terrenos expropiados, el mismo Valentín Paniagua Jr. escribió un artículo periodístico titulado: "Propiedad estatal sobre tierras eriazas particulares", para cuestionar las normas dadas por los gobiernos para justificar la expropiación. De esta manera buscaba dar cátedra, pero tomando como referencia un caso personal.
San Agustín ha batallado contra todo en pos de hacer sentir su autoridad sobre los terrenos adyacentes al primer terminal aéreo peruano y esto queda demostrado en el expediente 000035-2003-AM que obra en el Indecopi, en el cual este organismo integrado, entre otros, por la ahora ministra de Transportes, Verónica Zavala Lombardi, le dio la razón en la denuncia que presentó contra el municipio del Callao por el cobro que le hizo para independizar un terreno rústico.
Según la resolución firmada además por César Peñaranda Castañeda, José Chueca Romero y José Luis Sardón de Taboada, dicho cobro "constituía la imposición de una barrera burocrática ilegal que obstaculiza el desarrollo de las actividades económicas de la empresa denunciante en
el mercado".
Paradójicamente, la mismísima Verónica Zavala que le dio la razón a la empresa de Paniagua Jr. en el 2003, en el litigio con el municipio chalaco, será la que ahora le pague a la agrícola San Agustín una suculenta cantidad de los 26.5 millones de dólares, en los que ha valorizado la Comisión Liquidadora del Consejo Nacional de Tasaciones, los 20 predios a expropiar para que LAP construya la segunda pista de aterrizaje en el aeropuerto chalaco.
El gobierno de transición y el contrato con LAP
El 15 de noviembre del 2000, cinco días antes que Valentín Paniagua Corazao asumiera transitoriamente la primera magistratura de la Nación, Lima Airport Partners S.R.L. ganó la licitación de la concesión para la construcción, operación y transferencia ("BOT" -
Build, Operate and Transfer) del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCh) por un periodo de 30 años, con opción a renovación por 10 más.
Aparentemente, la propuesta de LAP sobresalió por lo atractivo de su oferta económica, la cual le aseguraba al Estado una retribución del 46.511% de los ingresos brutos pagados trimestralmente, así como el compromiso de realizar una serie de mejoras a la infraestructura del aeropuerto.
Como quiera que todo esto prácticamente era un regalo, considerando además que LAP ganó la concesión con un capital de apenas 10 mil nuevos soles, las críticas arreciaron y se pidió al entonces presidente transitorio del país, no firme el contrato.
Sin embargo, se burló del país, e incluso, el periodista Herber Mujica, quien ha escrito un libro sobre este escándalo, recuerda que en fecha tan temprana como el dos de febrero del 2001, el entonces presidente de la Comisión de Infraestructura y Transporte del Congreso, Eduardo Villena, exclamó: "Por qué tanto apuro en que el contrato sea suscrito el 14 de febrero del 2001, cuando esto puede esperar y postergarse 30 días más, para que se haga un análisis del
contrato".
Villena precisó desesperadamente que su actitud no pretendía interrumpir la llegada de inversiones extranjeras, pero que éstas debían ser con "reglas claras y favorables para el país". Agregó también que "tenemos un plazo muy corto para hacer un análisis de este
contrato que estará vigente por 30 años. Hay que tener mucho cuidado.
Los contratos del gobierno pasado (Fujimori) no han sido muy cristalinos, así que por eso debemos ser precavidos".
Pero no le hicieron caso. El régimen paniaguista, con el entonces ministro de Transportes Luis Ortega Navarrete, entregó el 14 de febrero de 2001 el AIJCH en concesión a la empresa Lima Airport Partners (LAP) y no contento con ello, fue modificándole y agregándole addendas a favor del contratante. La primera la hizo el 6 de abril del mismo año y por el MTC firmó el viceministro Julio Melgar Salmón.
¿Qué llevó a Valentín Paniagua a celebrar con premura un contrato desventajoso para el país? ¿Lo impulsó el negocio de los terrenos periféricos que tienen como uno de sus dueños a una empresa donde es accionista uno de sus hijos? ¿Y quién hizo el voluminoso contrato de concesión?
Pero este no es el único negocio en el que se involucró Valentín Paniagua Jara durante el régimen de su padre. Las fichas que obran en la Sunarp nos deparan otras sorpresas.
Apoyando al hijo desde Palacio...
"El Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Proinversión son los primeros directamente responsables del caso que nos ocupa, al no haber previsto que, antes de adjudicar la concesión de LAP, debieron valorizar el costo de expropiación de los predios colindantes al aeropuerto Jorge Chávez, omisión que generó que terceros se beneficien onerosamente", dijo el experto Alex Starost. Agrega que "los estudios técnicos previos a la concesión obligatoriamente debieron determinar expresamente el valor y el procedimiento de pago por esa expropiación por interés público, previa tasación de conformidad con el autoavalúo de la municipalidad del Callao, y no la compra del bien. Y es que al tener información privilegiada ha motivado revalorizar esos predios y dar curso a cantidad de acciones legales entre los presuntos poseedores y los que se irrogan que son los propietarios".
Esta controversia –agrega– sobre la propiedad obedece a la omisión intencional presuntamente dolosa del gobierno de Valentín Paniagua y de su ministro de Transportes sobre la viabilidad de ampliar la segunda pista, previo al saneamiento físico-legal antes de convocarse la concesión.
Es obvio que no quisieron cumplir con otorgar la seguridad jurídica que toda inversión privada requiere, toda vez que se otorgó la concesión a LAP sin haber tenido la entrega del terreno al inicio de la concesión, sin el saneamiento legal, negligencia intencional y presuntamente dolosa que empezó con el gobierno de Paniagua, continuó con Alejandro Toledo, y que en la actualidad se pretende pagar, según el experto.
"No es lo mismo ejecutar soluciones y ampliaciones del plazo contractual porque el Estado corre el riesgo de que le reclamen jurídicamente adicionales, es decir, más plata para LAP, por incumplimiento de contrato por el MTC", dijo.
"De esa manera es cómo el Estado se perjudica por negligencia, omisión y mala fe de altos funcionarios, que apresuraron esta operación para que terceros puedan pretender reclamar sus derechos (después de haber obtenido sus contratos), cuando lo sensato era no otorgar la concesión a LAP hasta antes de haber efectuado el saneamiento físico-legal".
Aquella incertidumbre legal queda ahora al descubierto, afirma Starost, "al ponerse en evidencia que el ex presidente Panigua beneficio a su hijo, para reclamar su presunta propiedad y beneficiarse ahora con un precio revaluado, en plena ejecución del contrato al concesionario LAP".
"Esta era pues la llave legal que supo manejar LAP antes de obtener la buena pro de esa concesión y se encubre en esa justificación para retrasar sus inversiones por responsabilidad del Estado; en consecuencia, esa concesión del aeropuerto Jorge Chávez nació irregular y presuntamente dolosa para beneficiar a terceros en perjuicio de los usuarios", asegura.
Subrayó luego que la ministra Verónica Zavala, en vez de denunciar la ilicitud de esa concesión, se allana a pagar a Paniagua Jr., sin determinación de los responsables penales y civiles que participaron en la elaboración de esa concesión, sin haber estado previamente ese proceso saneado los terrenos colindantes para la segunda pista.
Finalmente, el experto planteó que el MTC deberá exhibir el estudio técnico de factibilidad sobre esa parte del saneamiento físico-legal antes de la concesión y eventualmente deberá ocuparse del caso la Comisión de Fiscalización del Congreso.
1 comentario:
Me parece increible que en todos los gobiernos haya corrupción y favorescan sus propios intereses, perjudicando a los mas necesitados como son los agricultores.
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